El mantenimiento de la confidencialidad es uno de los principales valores de todas las empresas que quieran evitar problemas, que son, como es lógico, la inmensa mayoría. Pensemos que los trabajadores de cualquier negocio manejan habitualmente información comprometida no solo de los clientes (datos personales o información de contacto, por poner solo dos ejemplos evidentes), sino también de su propia empresa: datos financieros y fiscales, información sobre estrategias corporativas, etc.
En esas circunstancias, contar con protocolos para garantizar la confidencialidad, así como adoptar las medidas de seguridad adecuadas (tanto preventivas como correctivas) es, sencillamente, fundamental.
Como muestran las historias de robos de información y filtraciones de empleados con las que nos encontramos habitualmente en la prensa, las empresas hoy en día se juegan mucho. Demasiado, en definitiva, como para no tomarse la protección de la confidencialidad como una tarea clave.
La respuesta es, en principio, evidente: deben adoptarse medidas de seguridad básicas, tanto de cara al exterior, para protegerse de robos de información por parte de hackers y grupos similares, como de cara al interior. Cifrar los archivos y bases de datos que contengan información sensible, mantener los programas actualizados y contar con copias de seguridad son las medidas de ciberseguridad más elementales que una empresa puede adoptar.
Además, para protegerse de filtraciones de empleados, es muy recomendable contar con un acuerdo de confidencialidad que se agregue a todos los contratos.
En ambos casos, y siempre que no existan empleados deshonestos o que busquen activamente dañar a la empresa, la mejor medida de seguridad es siempre el sentido común: pensar con cuidado cómo manejamos la información, por qué medios la enviamos, dónde hablamos de ella, etc.
La mejor prueba de la que la confidencialidad en las empresas es una cuestión realmente seria son las consecuencias que deben afrontarse cuando se produce una fuga de información. Sea intencional o fruto de una negligencia, esas consecuencias son serias, y normalmente acarrearán demandas que pondrán en serio peligro tanto a la empresa como, en los peores casos, a los directivos y su patrimonio personal.
No hay empresa invulnerable. Independientemente de cuáles sean las causas, todos los negocios están expuestos a sufrir fugas de información y, como consecuencia de ellas, enfrentarse a una serie amenaza para su continuidad.
Además de adoptar las oportunas medidas de seguridad, todas las empresas deberían deberían disponer de la mejor garantía posible: un seguro de responsabilidad civil profesional y un seguro de protección frente a ciberriesgos. Cuando todo falle –y no lo dudemos, eso puede suceder en cualquier momento– son estas coberturas, adaptadas a las características específicas de la empresa, las que ayudarán a minimizar el golpe y garantizarán la supervivencia de nuestro negocio.
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